El 10 de abril de 1834 se dicta la llamada «Ley de la Usura», que establecía la libertad de las partes en los contratos y constituía, según Siso Martínez, «todo un privilegio para los acreedores».

Esta ley fue tenazmente combatida por quienes se oponían a que las fuerzas económicamente poderosas abusaran de la misma. Uno de los que con más autoridad dejó oír su voz fue Fermín Toro. J. A. de Armas Chitty dice: «El Congreso de Venezuela aprobó en 1834 una ley que ha pasado a la historia como la ley de 10 de abril, una de las muchas formas como la burguesía terrateniente extorsionó la economía rural. La ley, con alcance monstruoso, autorizaba al prestamista a fijar el interés, es decir, ponía en sus manos el destino de todo propietario mediano urgido de créditos».

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